La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha aclarado este miércoles en una comisión parlamentaria que «no pueden ni habilitar, ni cesar, a ningún trabajador del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ni de cualquier administración pública, por estar llamado a declarar como investigado».
Respuesta a las acusaciones de Vox
La consejera respondió a una pregunta formulada por el grupo parlamentario Vox, en la que su portavoz, Rodrigo Javier Alonso Fernández, acusó a la Consejería de «proteger a los enchufados», asegurando que les garantizan su puesto y que «nadie rinde cuentas» en relación a la causa vinculada a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).
Desde el Gobierno andaluz, Blanco reiteró que «respetan la justicia» y recordó que existe «un Estado de Derecho», lo que implica que «no pueden despedir a nadie si su contrato cumple todos los preceptos legales». En este sentido, enfatizó que los implicados son «investigados, y no imputados», y que hasta que no haya una sentencia firme, la Administración andaluza «no puede hacer nada».
La controversia sobre la Fundación Faffe
Por su parte, Vox insistió en que la extinta Fundación «fue una cueva de corrupción donde el despilfarro del dinero público en fiestas, en tarjetas opacas y escándalos avergonzarían a cualquier ciudadano decente». En este contexto, el portavoz del grupo parlamentario expresó su preocupación por la falta de responsabilidad y la impunidad que, según él, prevalece en este caso.
Alonso Fernández aseguró que «nadie es responsable, nadie devuelve el dinero y los mismos que entraron por la puerta de atrás ahora salen por la puerta grande y con una plaza fija bajo el brazo». Esta declaración pone de relieve la tensión existente entre la oposición y el Gobierno andaluz en torno a la gestión de la Fundación y sus implicaciones en la administración pública.