SEVILLA, 11
La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha defendido este martes que ha contado con la opinión de todos los actores, incluidas las asociaciones de consumidores, en la elaboración del decreto ley sobre la regulación de la VTC, aprobado en septiembre de 2022, y ahora en su reglamento. Además, ha recordado que este último se encuentra aún en fase de información pública.
Así lo han transmitido fuentes del departamento que lidera Rocío Díaz, en respuesta al comunicado emitido por Facua Andalucía, que insta al Gobierno autonómico a aplicar “reglas claras” para evitar “precios inflados”. En este contexto, han criticado que, con un retraso de “casi dos años y medio”, se haya desarrollado un reglamento que permite precios abusivos y que contempla compensaciones ridículas para los usuarios, el cual solicitan que sea rectificado.
Fase de Información Pública y Participación Ciudadana
Desde la Consejería han señalado que esta fase está diseñada para que todos los interesados puedan hacer sus aportaciones al reglamento. Asimismo, han invitado a la organización de consumidores a presentar las alegaciones que consideren necesarias para “analizarlas y valorarlas”.
Además, reivindican que siempre han trabajado con una premisa “muy clara”: la búsqueda del “máximo consenso” y que el ciudadano sea el gran beneficiario. En este sentido, destacan que el reglamento incorpora aspectos que “antes no existían” y que han sido reclamados por los propios consumidores, como la regulación de una compensación a los usuarios de los VTC por primera vez.
Proyecto de Decreto y Controversias
El origen de la polémica radica en el proyecto de Decreto que desarrolla la Ley 2/2003, de 12 de mayo, sobre la Ordenación de los transportes urbanos y metropolitanos de viajeros en Andalucía, en lo que respecta al arrendamiento de vehículos con conductor. Este proyecto contempla la limitación de precios de los VTC en situaciones de “alta demanda”, como ferias o eventos deportivos, musicales, culturales, de ocio o tiempo libre.
En situaciones especiales de alta demanda, el proyecto establece que el precio final del trayecto “en ningún caso podrá duplicar el precio ordinario” ofrecido por el operador de transporte o empresa intermediaria. Ante esto, el presidente de la Asociación Empresarial VTC Andalucía, Pablo García, ha afirmado que la Administración andaluza “quiere acabar con el sector” al plantear esta normativa.
Críticas a la Regulación y Demandas de Rectificación
Para la federación andaluza de Facua, esta regulación “afecta negativamente a los derechos de los usuarios” y critica que su falta de claridad beneficia directamente a las empresas de VTC. En su valoración, consideran un “abuso inaceptable” que la norma permita duplicar el precio ordinario del servicio en situaciones de alta demanda, lo que legaliza el incremento desproporcionado de precios sin un criterio transparente.
Además, Facua Andalucía critica que el texto propuesto mantiene una “compensación irrisoria” para los usuarios en caso de cancelación por parte de la empresa, equiparándola de manera injusta con la penalización que se aplica a los clientes que anulan el servicio. Esta medida perjudica gravemente a los consumidores, quienes pueden quedarse sin transporte en momentos críticos sin recibir una indemnización acorde al daño sufrido.
Facua Andalucía también acusa a la Junta de ignorar la participación de las asociaciones de consumidores, a pesar de que la normativa lo contemplaba expresamente. Según indican, el desarrollo del marco de derechos de los usuarios, recogido en el artículo 12 de la ley, se ha realizado sin contar con la voz de estas organizaciones, incumpliendo así el compromiso de transparencia y diálogo acordado.
Por todo ello, la federación insta a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a que rectifique el Decreto antes de su aprobación, garantizando un sistema de tarifas justo, compensaciones adecuadas para los usuarios y un proceso verdaderamente participativo en la elaboración de la norma.