
Una realidad alarmante en la protección de menores
El sector de Protección y Reforma de Menores se encuentra en una situación de precariedad y vulnerabilidad que se ha prolongado durante décadas. La reciente tragedia en Badajoz, donde tres jóvenes acabaron con la vida de Belén Cortés, una educadora social que trabajaba con ellos, ha puesto de manifiesto la gravedad de esta problemática. Cortés desempeñaba su labor en un piso de menores tutelados, y su asesinato ha generado una ola de indignación y preocupación entre los profesionales del sector. Ismael Robles, educador social en Jaén y portavoz de la manifestación convocada frente a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, advierte: “La situación de Belén puede pasar mañana en cualquier centro de Andalucía”.
Este trágico suceso ha llevado al colectivo de trabajadores y trabajadoras de Protección, Prevención y Justicia Juvenil a alzar la voz para visibilizar las difíciles condiciones que enfrentan en su labor diaria. La falta de recursos, personal insuficiente y la escasa formación son solo algunas de las carencias que agravan su situación. Ante esta realidad, los profesionales del sector hacen un llamado a las administraciones públicas para que tomen medidas efectivas que mejoren su entorno laboral y, por ende, la atención que brindan a los menores.
El papel de los educadores sociales
Los educadores sociales, como Carmen María García, quien también es trabajadora social y miembro del colectivo convocante de la manifestación, enfatizan que no se debe culpar a los menores por las circunstancias que enfrentan. “Nuestra intención es educarlos y ayudar a mejorar su calidad de vida, la cual ha estado marcada por situaciones muy dramáticas. Pero, no podemos hacerlo solos”, afirma García. Este mensaje resuena en el colectivo, que insiste en que el verdadero problema radica en un sistema que, en muchas ocasiones, abandona a quienes están en la primera línea de atención a niños y adolescentes en situaciones de riesgo.
La manifestación de esta mañana ha sido un acto de reivindicación y solidaridad, donde los profesionales del sector han expresado su deseo de contar con más recursos, más trabajadores y una formación adecuada que les permita desempeñar su labor de manera efectiva. “El problema no es de los menores”, reiteran, “sino de un sistema que necesita urgentemente una reforma profunda para garantizar la seguridad y el bienestar de los jóvenes en riesgo”.
Un llamado a la acción
La situación actual en el ámbito de la protección de menores es un reflejo de la falta de atención que ha recibido durante años. Los educadores sociales y otros profesionales del sector están pidiendo a gritos un cambio que no solo beneficie a ellos, sino que, sobre todo, garantice un futuro más seguro y prometedor para los menores bajo su tutela. La comunidad debe unirse para exigir a las autoridades que prioricen la protección y el bienestar de los más vulnerables, asegurando que tragedias como la de Belén Cortés no se repitan.
La voz de los trabajadores y trabajadoras de Protección, Prevención y Justicia Juvenil es clara: es hora de actuar y de poner en el centro de la agenda política la necesidad de transformar un sistema que, en su esencia, debe ser un refugio y una oportunidad para aquellos que más lo necesitan.