SEVILLA, 12 – La Consejería de Salud y Consumo ha decidido sancionar a la aerolínea Ryanair debido al cobro de un recargo por el transporte de equipaje de mano. Esta medida se ha tomado tras las denuncias presentadas por Facua Sevilla en representación de cinco de sus socios.
Fuentes de la Consejería han confirmado que el expediente sancionador está en proceso, lo que significa que la cantidad propuesta de 46.250 euros por la infracción, calificada como «grave», podría cambiar antes de que se complete la tramitación.
Facua Sevilla solicita una mayor penalización
Facua Sevilla ha presentado alegaciones en las que solicita que la infracción sea considerada «muy grave», lo que podría incrementar la multa a un rango de entre 60.001 y 1.000.000 euros. La propuesta de resolución menciona hasta 22 sentencias judiciales que han declarado la ilegalidad de estas prácticas, según ha informado la asociación en un comunicado.
La organización de consumidores argumenta que estos cobros constituyen una práctica «abusiva» que infringe la Ley de Navegación Aérea, la cual establece que «el transportista estará obligado a transportar de forma gratuita en cabina, como equipaje de mano, los objetos y bultos que el viajero lleve consigo», exceptuando únicamente «razones de seguridad» relacionadas con el peso o tamaño del objeto en función de las características de la aeronave.
Normativa sobre cláusulas abusivas
El artículo 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, considera como cláusulas «abusivas» aquellas que no han sido negociadas individualmente y que causan un desequilibrio significativo en los derechos de las partes derivadas del contrato. Esto incluye cláusulas que limitan los derechos del consumidor y que resultan desproporcionadas en relación con la ejecución del contrato.
Con esta nueva sanción, el Gobierno andaluz reconoce que el cobro por el equipaje de mano es una cláusula «abusiva» y, por lo tanto, sancionable conforme a la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. Esta propuesta de resolución se suma a la sanción de 107,8 millones de euros que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ya había impuesto a Ryanair por el cobro del equipaje de mano y otras irregularidades.
Impacto de las denuncias de Facua
Las denuncias presentadas por Facua por el cobro de tarifas adicionales por el transporte de maletas han resultado en sanciones que suman 179 millones de euros contra cinco aerolíneas. Además de los más de 107 millones de euros impuestos a Ryanair, el Ministerio ha multado a Vueling con 39,2 millones, a EasyJet con 29,1 millones, a Norwegian con 1,6 millones y a Volotea con 1,2 millones de euros por prácticas similares.
En este contexto, Facua ha enfatizado que los usuarios tienen el derecho a reclamar la devolución de estos cargos adicionales y está gestionando «numerosos casos» en defensa de los afectados. En caso de recibir respuestas negativas de las aerolíneas, la asociación ha instado a los consumidores a presentar denuncias ante las autoridades de consumo de sus comunidades autónomas, solicitando sanciones y, si es necesario, acudir a los tribunales. Los consumidores pueden hacerlo sin coste alguno, ya que para cantidades inferiores a 2.000 euros no es obligatorio contar con abogado ni procurador.
Cada vez que un consumidor presenta una denuncia que es competencia de la Administración de Consumo, se lleva a cabo un análisis de la misma, así como una investigación de los hechos denunciados, que incluye la elaboración de un acta de inspección donde se reflejan los posibles incumplimientos.
La Administración de Consumo tiene la responsabilidad de proteger los derechos e intereses de los consumidores. En el ámbito de la disciplina del mercado, esta Administración actúa de oficio, realizando campañas de inspección para asegurar el cumplimiento de la normativa en sectores específicos, o a instancia de parte, como resultado de las reclamaciones y denuncias presentadas por los consumidores.
En ambos casos, si se detectan incumplimientos, se inicia un procedimiento sancionador, en el cual la empresa tiene la oportunidad de presentar alegaciones y pruebas en defensa de sus intereses. El procedimiento concluye con la emisión de una resolución, que puede incluir la imposición de una multa por las infracciones cometidas. Contra las resoluciones emitidas, se pueden presentar recursos en vía administrativa y, en última instancia, recursos en vía judicial.