SEVILLA/GRANADA, 12
La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha señalado este miércoles que la Junta de Andalucía se encuentra «analizando documentalmente» la propuesta de limitación temporal y territorial de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) presentada por el Ayuntamiento de Granada. Esta propuesta se basa en «datos objetivos» y «procedentes de fuentes oficiales».
Propuesta del Ayuntamiento de Granada
Durante su intervención en el Parlamento de Andalucía, en la comisión de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Blanco respondió a la pregunta formulada por la parlamentaria socialista Olga Manzano sobre la ZGAT en Granada. El Ayuntamiento de Granada, tras llegar a un acuerdo con el sector del comercio local, ha propuesto limitar la ZGAT al centro y al entorno del Palacio de Congresos y el Paseo del Violón, y solo durante los meses de septiembre y octubre, así como en Semana Santa y la primera semana de mayo, coincidiendo con la festividad del Día de la Cruz. Estas fechas son consideradas clave, ya que se registran un número de pernoctaciones superior al del resto del año, según el consistorio granadino.
Blanco ha enfatizado la «necesidad de motivación» que debe acompañar esta propuesta y ha elogiado el trabajo del Ayuntamiento de Granada, que ha colaborado con «sensatez» y «con todos los agentes» para articular este planteamiento, el cual fue presentado a la Junta a finales de diciembre.
Normativa y justificación de la ZGAT
La consejera defendió que la Junta actúa conforme a la normativa estatal y aclaró que la propuesta aprobada en el anterior mandato para la capital granadina no fue «impuesta», sino que surgió de la «obligación del Ayuntamiento» de «determinar una ZGAT» en el marco de su «competencia municipal». Según Blanco, el objetivo es «cumplir la ley» y no «burlarla», argumentando que en su momento «la propuesta del gobierno municipal de Granada no estaba justificada» y carecía de «motivación», lo que llevó a establecer la ZGAT «para la totalidad del municipio cinco meses al año» como cumplimiento de la ley estatal.
Blanco también rechazó las críticas del PSOE, subrayando que la decisión de la Junta no se tomó de «forma discrecional». En una nota de prensa, la parlamentaria andaluza Olga Manzano instó a la Junta de Andalucía a rectificar y a autoenmendarse para aprobar una nueva ZGAT que «paralice la sangría de cierres y pérdidas de empleos en el comercio de la capital». Según Manzano, en los cinco meses de liberalización horaria de 2024, 5.756 trabajadores autónomos cerraron sus establecimientos en la provincia de Granada, siendo la mayoría de ellos de la capital.
Impacto en el comercio local
Manzano lamentó que el Gobierno de Moreno «impusiera una ZGAT que abarcaba todo el término municipal de la ciudad», lo que contrasta con la propuesta del Ayuntamiento de Granada, gobernado entonces por el PSOE. Este último solicitaba implantar la ZGAT en áreas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, como la Alhambra, el Generalife y el Albaicín. Esta opción, según la dirigente socialista, «respaldaba al pequeño comercio de la ciudad y de la provincia, así como el derecho de conciliación de sus trabajadores, que en su mayoría son mujeres».
La parlamentaria cuestionó la falta de atención del Gobierno de Moreno hacia los agentes implicados y su decisión de no conceder una moratoria para estudiar el verdadero impacto de esta medida, tal como propuso el Grupo Parlamentario Socialista. Manzano advirtió que esta postura es «perjudicial» para el comercio granadino y sus trabajadores, y se preguntó qué decisión tomará el Gobierno de Moreno Bonilla ahora que el Ayuntamiento de Granada ha propuesto una reducción en el espacio y el tiempo de la ZGAT.