SEVILLA, 9 – Los residentes de la barriada Guadalquivir en Coria del Río, Sevilla, que se han visto afectados por la contaminación ocasionada por una fuga de hidrocarburos de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L., tienen programada una reunión este lunes en la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente. Este encuentro es un paso previo a la formación de una mesa de trabajo que se llevará a cabo el jueves, promovida por dicho departamento, en cumplimiento de la proposición no de Ley (PNL) aprobada por el Parlamento de Andalucía en febrero de 2024 a instancias del PSOE, que solicita la creación de este grupo.
La reunión está prevista para las 13:00 horas, y durante la misma, Ecologistas en Acción, junto con la asociación de afectados, realizará una «simulación de vertido» y un acto de protesta a las puertas de la Delegación. Esta acción busca manifestar su rechazo ante la falta de medidas efectivas para mitigar el impacto ambiental y sanitario en la zona.
La Mesa de Trabajo y la Participación Ciudadana
Rogelia Gómez, portavoz del colectivo, ha expresado que en la mesa de trabajo, cuya primera reunión está programada para el próximo jueves 13 de marzo, la Consejería de Medio Ambiente «olvida» incluir a «los principales» actores en este asunto, que son los propios «vecinos afectados». Esta mesa contará con la participación del Ayuntamiento de Coria del Río, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Emasesa, Aljarafesa y las delegaciones territoriales de las consejerías de Sostenibilidad, Salud, Industria y Agricultura.
Este contexto se enmarca en un informe emitido por la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado el pasado 13 de diciembre, que aborda el «foco contaminante» de la gasolinera. Según este informe, se ha confirmado un peligro de daño sustancial para la calidad de las aguas superficiales, así como un daño constatado en las aguas subterráneas, suelos y la salud de las personas, lo que ha generado un riesgo global de grave afección al sistema natural afectado.
Advertencias de la Fiscalía sobre la Salud Pública
Entre las conclusiones del informe de diciembre de la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado, se destaca que «se ha producido un riesgo de daño sustancial para la salud de las personas, con afección demostrada a los residentes de la barriada». Esto se debe a la presencia de compuestos orgánicos en sus domicilios que no deberían estar allí de forma natural y que coinciden con los productos contaminantes encontrados en los suelos y aguas subterráneas en el entorno de la estación de servicio.
Este riesgo es consecuencia de los vertidos producidos desde los tanques enterrados de la estación de servicio, que contenían hidrocarburos como gasolina, gasoil y aceites minerales en mal estado. El informe de la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General corrobora la afección generada por la contaminación tanto al medio natural como a la salud de las personas.
Situación Actual y Repercusiones Legales
El asunto también está influenciado por un informe del Servicio de Calidad del Suelo de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental de la Junta, que evalúa la documentación presentada por la empresa Zamarrilla Inversiones sobre su proyecto de recuperación voluntaria del suelo en su gasolinera, foco del conocido episodio de contaminación. Este informe señala que aún persisten «elevadas concentraciones de contaminantes en las aguas», lo que impide la certificación de la descontaminación.
Además, el 28 de agosto de 2024, se emitió un informe del Servicio de Calidad del Suelo que indica que, aunque el proyecto tal como estaba autorizado ha finalizado, las altas concentraciones de contaminantes en las aguas no permiten certificar la descontaminación. Por lo tanto, se sugiere la ampliación del proyecto de recuperación voluntaria del suelo para su descontaminación, lo que ha llevado a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente a convocar a los afectados para discutir este documento.
Por último, también pesa sobre el caso una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que se dictó a finales de febrero de 2024. En esta sentencia, el TSJA ordena al Ayuntamiento de Coria del Río, gobernado por el andalucista Modesto González, que reactive la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados y que resuelva el procedimiento que había sido archivado. El tribunal considera que, según un informe de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua, es «inequívoca la existencia de contaminantes en los terrenos», lo que afecta claramente a las viviendas de los vecinos.