La Alerta de los Jueces de Violencia
La situación en los juzgados de violencia de género en España se ha vuelto aún más crítica tras la reciente aprobación de la Ley Orgánica 1/2025, que ha generado un profundo malestar entre los magistrados. Un 96% de los titulares de estos juzgados, incluidos varios de la provincia de Jaén, han firmado un manifiesto en respuesta a esta normativa, que fue publicada el 3 de enero. Esta ley, en su artículo 89, otorga a las Secciones de Violencia sobre la Mujer la responsabilidad de instruir procesos relacionados con delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso sexual, siempre que la víctima sea mujer. Los jueces subrayan que, aunque ya trataban algunos de estos casos, la novedad radica en que ahora podrán hacerlo independientemente de la existencia de un vínculo afectivo entre la víctima y el agresor.
Los magistrados advierten que esta reforma, a pesar de no contar con un aumento en la dotación presupuestaria, implicará un incremento de al menos el 20% en la carga de trabajo. Según los cálculos del Ministerio de Justicia, se prevé que se reorganicen las Secciones de Instrucción para asumir estas nuevas competencias. Sin embargo, los jueces señalan que este aumento de carga se refiere a delitos que requieren un tratamiento cuidadoso y personalizado, como los relacionados con la libertad sexual y la trata de personas. La toma de declaración de las víctimas, muchas de ellas extranjeras, exige tiempo y comprensión, algo que no se puede apresurar.
El Impacto de la Nueva Ley en la Justicia
Los magistrados que han alzado su voz en este manifiesto también destacan que la nueva ley no contempla adecuadamente las exigencias que conlleva la atención a estos casos. “Si se recibe una causa de agresión sexual o trata de seres humanos, todo lo demás pasaría a segundo plano”, advierten. Esta situación genera una preocupación creciente entre los jueces, quienes consideran que la falta de recursos y tiempo puede comprometer la atención que merecen las víctimas. “Es fundamental que la ciudadanía, especialmente las mujeres que buscan justicia, conozcan el panorama desolador que se avecina”, agregan.
La advertencia de los jueces se extiende a los peligros que podrían surgir a partir del 3 de octubre, cuando estas nuevas competencias entren en vigor. La carga de trabajo ya desbordante podría dificultar aún más la capacidad de respuesta del sistema judicial ante la violencia de género, lo que podría tener consecuencias devastadoras para las víctimas que dependen de un sistema judicial eficaz.
Violencia hacia los Hijos de las Víctimas
Además de los delitos directos contra las mujeres, los firmantes del manifiesto también ponen de relieve la inclusión de nuevas competencias relacionadas con la violencia hacia los hijos de las víctimas de violencia de género. Esto abarca no solo la violencia directa, sino también la violencia instrumental o vicaria, que se ha convertido en una de las prioridades del nuevo Pacto de Estado de 2025. Asimismo, se contempla la violencia económica y digital, lo que refleja un enfoque más amplio y comprensivo hacia las diversas formas de violencia que pueden afectar a las víctimas y sus familias.
La situación en los juzgados de violencia de género es, por tanto, alarmante. La falta de recursos, el aumento de la carga de trabajo y la necesidad de atender adecuadamente a las víctimas son desafíos que los magistrados enfrentan en un contexto donde la violencia de género sigue siendo un problema crítico en la sociedad española.